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04Marzo, 2015
Ejes de la agenda pública de seguridad del sector energético
Categoría: Seguridad

México está transitando muy rápido de un modelo proteccionista a uno abierto de una de sus industrias estratégicas más importantes de su pasado reciente y sobre todo de su futuro. Ante este escenario, los riesgos vinculados con la delicuencia organizada, movimientos sociales antisistémicos, presiones políticas locales, lucha de poder entre agencias federales de seguridad pueden minar los beneficios económicos y sociales que puede traer consigo la reforma energética (última parte).

Esta es la tercera entrega que Central Ciudadano y Consumidor junto con Etellekt presentamos sobre los escenarios de riesgos que presenta la agenda de seguridad nacional del país, por la entrada de inversionistas nacionales y extranjeros al sector energético. Consideramos necesario que el gobierno federal contemple cinco ejes estratégicos para la conformación de una agenda de seguridad del sector energético mexicano a partir de una investigación a profundidad que realizamos con instituciones de seguridad pública y defensa nacional así como con representantes de compañías privadas que buscan invertir en la industria energética nacional.



I) Impulsar la seguridad de la industria petrolera como tema central en la agenda bilateral de México y Estados Unidos

México no ha dado pasos significativos en esta materia. En la última reunión encabezada por los mandatarios de ambas naciones el gobierno mexicano perdió una gran oportunidad de impulsar la agenda de seguridad para la industria energética en el marco de la cooperación de la Iniciativa Mérida. De ahí la necesidad de que el gobierno mexicano incluya como prioridad de la agenda la definición de una estrategia nacional para el sector y su apalancamiento mediante la creación de un fondo especial dentro de este mecanismo.



II) Destrabar las negociaciones políticas en el Congreso Mexicano para tipificar como delito grave el robo a combustibles

Lo anterior implica acelerar los procesos de formación de este cuerpo especial para cumplir con la meta de tener un estado de fuerza de 40 mil efectivos tal y como lo anunciara el gobierno al inicio de su gestión, además de reforzar sus capacidades de inteligencia, tácticas y operativas para enfrentar con mayor eficacia a las organizaciones del crimen que atentan contra la actividad económica del país. A pesar de que el gobierno mexicano anunció la creación de una nueva división de Gendarmería, este agrupamiento apenas cuenta con 5 mil elementos, opera de manera dispersa y claramente ausente de los esquemas de protección en la industria energética.

Sería estratégico para el país actualizar en términos penales esta variante de la delincuencia organizada dado que afecta las finanzas públicas, acrecenta la violencia y aleja las inversiones extranjeras.



IV) Definir como prioridad para la estrategia nacional de seguridad la aprobación del Mando Único en los estados petroleros

Lo anterior implica acelerar la integración de policías municipales al mando único, en localidades que de acuerdo con datos del informe, en donde se presenta el mayor número de delitos relacionados con tomas clandestinas, robo a combustibles, extorsión y secuestro de funcionarios y personal de la industria, pues este es el primer eslabón de la cadena de corrupción que cobija las actividades del crimen organizado.



V) Impulsar el desarrollo de agendas regionales en los grupos de coordinación de estados con potencial petrolero para la seguridad de la industria

Los Grupos de Coordinación son las instancias locales que conocen con mayor amplitud la dinámica delictiva en su geografía y poseen un mayor conocimiento y dominio de la misma para intervenir y operar de manera directa, focalizada y con mayor eficacia en la definición de estrategias operativas para la protección del sector. Por lo anterior se sugiere promover y dar seguimiento a las instancias de coordinación de seguridad en los Estados y establecer vinculos de colaboración con las empresas ques establezcan instalaciones en el país.



VI) Protección de infraesructura estratégica, pública y privada, para la seguridad nacional

México entra en una etapa inédita en materia de cooperación entre el sector público y privado en materia de protección de las instalaciones estratégicas de futuro del país. El gobierno federal y los estados ya tienen experiencia en la coparticipación de la protección de instalaciones privadas como los bancos comerciales y empresas que proveen diversos servicios al público en locales comerciales. Las instuciones más conocidas en esta materia son las policías auxiliares. Algunas otras industrias estratégicas del país con capital privado como el sector de aerotransporte, minero, carretero y turístico ya tienen décadas trabajando con fuerzas de seguridad y defensa nacionales. Ahora le toca al sector energético, que ingresará al país con miles de millones de dólares de inversión directa, contar con esta experiencia de coordinación intergubernamental y público-privada.



Resumen del reto en materia de seguridad nacional

México está transitando muy rápido de un modelo proteccionista a uno abierto de una de sus industrias estratégicas más importantes de su pasado reciente y sobre todo de su futuro. Ante este escenario, los riesgos vinculados con la delincuencia organizada, movimientos sociales antisistémicos, presiones políticas locales, lucha de poder entre agencias federales de seguridad pueden minar los beneficios económicos y sociales que puede traer consigo la reforma energética.

Por lo anterior, es en extremo importante que sepamos que el país tendrá que avanzar en esquemas mixtos de seguridad de sus instalaciones estratégicas que ya no solo serán públicas sino también privadas. Esto requerirá de cambios en el paradigma político, además de adecuaciones a la normatividad en materia de seguridad privada.

México está entrando muy rápido de la adolecencia energetica a la madurez de ser un país estratégico para la economía global en este sector. Esto debe transformar de manera positiva a las instituciones gubernamentales de economía, seguridad y defensa nacionales para afrontar como una verdadera potencia global los retos de la industria energética.





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