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02Marzo, 2015
¿Existe una agenda de seguridad nacional para la industria energética?
Categoría: Seguridad

La multiplicación de secuestros en zonas de producción petrolera se ha convertido en una situación de riesgo que merece atención prioritaria por parte de las agencias federales y estatales de seguridad. Sin ser su principal actividad, las bandas criminales han puesto bajo la mira a trabajadores y contratistas de la industria, a los cuales extorsiona y secuestra con mayor frecuencia que a otras personas (primera de tres partes).

Con la apertura de la explotación de recursos energéticos para inversionistas privados extranjeros y nacionales, se prevé un escenario en el que la delincuencia organizada intentará ampliar su capacidad de influencia y control sobre los procesos de comercialización, distribución e incluso producción de energéticos, lo que además le permitiría diversificar sus actividades y fuentes de financiamiento.

Frente a esta posibilidad es fundamental que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales impulsen una estrategia para garantizar la seguridad de las futuras inversiones, así como para establecer un clima de paz e impedir que el crimen se fortalezca participando en actividades económicas lucrativas y cooptando a las autoridades de todos los niveles.

De no existir una agenda específica que involucre a los tres niveles de gobierno en materia de seguridad para la industria energética, no existirán los fundamentos necesarios para apalancar la captación de capitales privados que desean invertir en la industria energética mexicana, principalmente ante una tendencia creciente de los delitos relacionados con el robo a combustibles y extorsiones cometidas por el crimen organizado en contra de empresas petroleras en México.

El panorama de la seguridad de la industria se observa además desalentador ante los recortes en Pemex anunciados recientemente por el gobierno federal. Estos contravienen el proyecto que había sido previamente anunciado por el director de esta empresa, para reforzar la seguridad de las instalaciones e infraestructura mediante la creación de un área de inteligencia que monitoree las actividades delictivas relacionadas con el robo a combustibles.

Por otra parte, la decisión de suspender la distribución de energéticos a través de ductos envía una señal de la escasa capacidad del Estado para controlar a las organizaciones delictivas que han vulnerado la red de distribución con gran intensidad en los últimos 5 años. Esta situación envía además una señal extremadamente negativa para las empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, pues pareciera que con esta decisión el gobierno federal plantea transferir el costo de la seguridad a las empresas que buscan participar en estos proyectos.

Secuestro y extorsiones financian la nómina del crimen

La multiplicación de secuestros en zonas de producción petrolera se ha convertido en una situación de riesgo que merece atención prioritaria por parte de las agencias federales y estatales de seguridad. Como se mencionó antes, sin ser su principal actividad, las bandas criminales han puesto bajo la mira a trabajadores y contratistas de la industria, a los cuales extorsiona y secuestra con mayor frecuencia que a otras personas.[1] Por lo anterior los trabajadores han optado por dejar de usar uniformes con distintivos de la industria que facilite su identificación por parte de grupos criminales. Algunos medios reportan que esta situación se agudizó 9 meses atrás.

Las ganancias de estas actividades se destinan al pago de los miembros de las células criminales y posiblemente también están relacionadas con el pago de campañas políticas, porque de manera reiterada se hace alusión a la colusión de policías y autoridades municipales.

En el caso de los empresarios y contratistas de Pemex las bandas del crimen organizado ejecutan extorsiones mediante el cobro de un impuesto para permitirles continuar con sus actividades. Algunas empresas contratistas han declarado en medios de comunicación que las extorsiones que han sufrido no pudieron haberse cometido sin la complicidad de empleados y funcionarios de Pemex que tienen acceso a la información de contratos de la paraestatal. Gracias a esa información, los grupos criminales pueden conocer cuáles son las empresas que trabajan como contratistas en la industria.

En otros casos se señala que empleados de bares, antros y tables son parte de las redes criminales que ayudan a marcar y señalar a potenciales víctimas de secuestro, a partir de la información que obtienen de la propia víctima o al advertir su nivel socioeconómico por la ropa que portan, el auto que manejan o los montos de las cuentas que son capaces de pagar. Otro método de selección de víctimas de secuestro y extorsión es a partir de la información que obtienen las bandas criminales de las propias víctimas, a las cuales se les obliga a proporcionar información como parte de la negociación para su liberación.

A todo lo anterior se suma además la gran capacidad que tienen los grupos del crimen organizado para extorsionar a personal de áreas estratégicas de Pemex y otras empresas contratistas, para la obtención de información privilegiada sobre la ubicación de ductos, rutas de transportación, distribución y puntos de entrega de combustibles, y ubicación de plataformas de almacenamiento que son de vital importancia para sus actividades relacionadas con el robo de combustibles.

El riesgo es aún mayor ante el recorte a la plantilla laboral de Pemex anunciado por su director Emilio Lozoya Austin, lo que podría exponer a los ex empleados a ser reclutados por organizaciones del crimen organizado para obtener información estratégica y privilegiada sobre la industria.

Ante esta situación, cabe hacer la siguiente pregunta: ¿existe una agenda nacional para la seguridad de la industria energética en México? La pregunta es válida en tanto los esquemas de seguridad, provistos por el Estado mientras éste conservó el monopolio de la industria, recayeron en las Fuerzas Armadas por tratarse de un tema de seguridad nacional. Con nuevos actores en la industria, los inversionistas privados se enfrentan a la incógnita de hasta dónde el Estado mexicano mantendrá la responsabilidad de garantizar la seguridad del sector y si cuenta realmente con la capacidad para hacerlo.

Si bien el éxito de la agenda económica impulsada por el gobierno federal depende en gran medida de inversiones privadas en este sector durante los próximos 10 años, requiere principalmente de una mayor coordinación con los gobiernos estatales que están enclavados en zonas de alto potencial petrolero, para fortalecer su capacidad institucional con la finalidad de garantizar la gobernabilidad en sus territorios y brindar mayor seguridad a las inversiones.

En la próxima entrega analizaremos los riesgos que enfrenta la industria energética de México.



[1] Trabajadores de Pemex en Coatzacoalcos ya no se ponen uniforme por temor a ser secuestrados. Plumas Libres [En línea] 01 de septiembre del 2014, [Fecha de consulta: 01 de septiembre del 2014].

Vivir en Coatzacoalcos: la paranoia del secuestro. Lado B [En línea] 17 de febrero del 2014, [Fecha de consulta: 01 de septiembre del 2014].

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